Este nuevo aniversario de la Convención nos invita, a su vez, a reflexionar sobre el modo en que esa afirmación atraviesa nuestras prácticas, nuestras estrategias de trabajo, nuestro modo de relacionarnos con los niños.
Y demanda fundamentalmente reconocer a los niños como actores sociales relevantes en la construcción de un proyecto político de sociedad. En este sentido, es necesario también preguntarse cuánto y cómo se vinculan los temas de infancia con la agenda de la democracia, por ejemplo, o en qué medida el debate sobre la sociedad que tenemos y la que queremos ubica a los niños como interlocutores en ese debate, en qué medida reconocemos su capacidad de acción en tanto actores sociales.
La responsabilidad que tiene el Estado de garantizar los derechos de niños y niñas es incuestionable e innegable. En la medida en que aún estamos lejos de cumplir algunas metas mínimas de cumplimiento de los derechos, sabemos que sobre esa responsabilidad hay que seguir trabajando y exigiendo. Pero también sabemos que las transformaciones políticas, sociales, institucionales, educativas y culturales que requiere el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez y la adolescencia demandan la participación y el esfuerzo de todos nosotros.
La Convención representa el reconocimiento jurídico de la ciudadanía de los niños, su derecho a tener derechos. Por ello, a 20 años de su aprobación el desafío es gestar cuidadanía, renovar el compromiso social pero también político por hacer efectivos los derechos de todos los chicos y chicas e incorporarlos plenamente como actores del juego democrático.
Fuente: CASACIDN – 20 de noviembre de 2009