Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

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DESDE CASACION, PIDEN QUE LA NACION Y LA PROVINCIA INVESTIGUEN QUE OCURRE CON LOS PIBES DE LA FUNDACION

Control, para que los niños sigan felices

En la Fundación Felices los Niños unos 400 chicos están internados, según reveló el propio titular Raúl Portal. Otros 4500 chicos asisten a las escuelas en el área. No hay control estatal sobre el trato. No se sabe quién dispone el envío de los niños.

Por Carlos Rodríguez

A dos semanas de la orden judicial que dispuso la detención del cura Julio César Grassi, luego de que su condena a 15 años de prisión por “abuso sexual y corrupción de menores” fuera ratificada en tercera instancia por la Suprema Corte bonaerense, los responsables del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casación) siguen preocupados por la presencia de chicos y adolescentes en la sede central de la Fundación Felices los Niños. “Raúl Portal dijo públicamente que en el predio de Hurlingham hay 400 chicos alojados y eso nos puso en estado de alerta”, le dijo a Página/12 Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité. “Por lo que sabemos, las secretarías de Niñez de Nación y de la provincia de Buenos Aires no envían chicos a ese lugar desde la primera condena a Grassi (en junio de 2009) y tampoco lo pueden hacer los jueces provinciales, de manera que la pregunta es ¿cómo llegan allí esos chicos?, si es verdad lo que dice Portal”, quien reemplazó a Grassi como presidente de la Fundación. Lo que quiere Casación es que “Nación y provincia tomen el tema en sus manos e intervengan para saber cómo llegan los chicos a ese lugar que fue escenario de los hechos por los que Grassi fue condenado”.

Schulman, luego de insistir en saber “quién manda a esos chicos o si ellos mismos los salen a buscar, porque una cosa es que vayan a las escuelas que allí funcionan y otra cosa es que vivan en ese lugar. Si eso es así, las autoridades tienen que intervenir para saber en qué condiciones están esos chicos”. La directora del Comité que preside Estela Carlotto dijo que una de las grandes preocupaciones tiene que ver con el hecho de que hay información que indica que “el director de la sede de la Fundación en Hurlingham sigue siendo el ex policía Juan Domingo Pérez”, con antecedentes de violencia familiar, quien había sido desplazado del cargo a poco de que se difundieran las denuncias contra Grassi.

“Hay que hacer una inspección in situ, hay que comprobar si Juan Domingo Pérez volvió a su cargo anterior, hay que revisar los libros para saber cómo llegan los chicos, quién los manda. Es algo urgente y por esas razones nos vamos a reunir con autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires”, recalcó Schulman. “Nos acusan de estar en contra de la Fundación, pero eso no es cierto; estamos en contra de que eso esté funcionando sin el control del Estado y lo que se busca es evitar que ocurran nuevos episodios como los ya ocurridos, o casos de maltrato o de mala atención de los niños”, aclaró Schulman.

Representantes del Comité ya mantuvieron contactos con el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, y con el secretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, Pablo Navarro. La directora del Casación quiere saber “cómo viven esos chicos, dónde duermen, si los más chicos están juntos con los adolescentes, si se toman en cuenta las normas” que recomiendan que los chicos institucionalizados “estén alojados en lugares y en grupos pequeños; mientras que Portal habla de 400 pibes y ni siquiera sabemos si los más chicos conviven con adolescentes, algo que no debería ocurrir”.

Juan Pablo Gallego, querellante en el juicio contra Grassi en representación del Comité, le dijo a este diario que quieren que el Estado controle “porque se dijo en la televisión que son en total unos 4500 los chicos que concurren a las escuelas que funcionan dentro de la Fundación; si hay chicos que viven en ese lugar y son enviados por algunos jueces, eso significaría un hecho grave, porque los magistrados deberían abstenerse de tomar ese tipo de determinaciones, luego de los hechos delictivos ocurridos allí y que fueron corroborados por la Justicia”. El fiscal Alejandro Varela confirmó, ante una consulta de este diario, que los jueces “no deberían enviar chicos a la Fundación Felices los Niños”.

“Lo que tenemos que determinar en forma fehaciente –señaló Gallego– es si hay menores alojados con un régimen interno y cerrado. También hay que determinar en qué condiciones están allí, bajo qué tipo de guarda”. Agregó que Grassi, mientras estuvo en libertad, “monitoreaba lo que pasaba en la Fundación desde la quinta La Blanquita y lo debe seguir haciendo a través de sus allegados, con los que sigue en contacto a pesar de estar preso”. La Blanquita está ubicada frente al predio de la calle Gorriti, en Hurlingham, donde tiene su sede la fundación. La quinta es una de las dos residencias declaradas por el cura ante la Justicia. La otra está en la calle Sarratea, en la zona céntrica de San Justo.

“Ahora no se sabe bien quién está al frente de ese lugar, pero nosotros tenemos entendido que volvió a ocupar su puesto como director de Escuelas Juan Domingo Pérez, un ex policía golpeador que se había tenido que alejar del cargo después de la denuncia que hizo pública su ex esposa.” Pérez tenía prohibido, por orden judicial, acercarse “a menos de 500 metros” de su ex mujer, y de sus dos hijos. La ex esposa, L. A., tuvo que abandonar el hogar conyugal con sus hijos, uno de los cuales había sido golpeado por su padre cuando tenía ocho años, según denunció la mujer en octubre de 2002, ante las cámaras de televisión y ante la Justicia de Morón. L. A. relató que como consecuencia de “una escena de celos”, su ex marido la había amenazado con un cuchillo y que era víctima frecuente de agresiones “tanto físicas como psicológicas”.

Gallego insistió en que es necesario que intervenga el Estado “para poner en claro lo que está pasando en la sede de la Fundación y llevar tranquilidad a la sociedad. El Estado tiene el deber de prevención y de protección de esos niños, para que no se produzcan nuevos hechos que los victimicen”.

Además de lo dicho por Raúl Portal sobre la presencia de miles de chicos en Hurlingham, algunos estarían viviendo en el lugar, lo que fue ratificado en parte por unas quince personas que dialogaron con la prensa, en la puerta del predio de Gorriti 3545, donde está La Blanquita. Esto ocurrió el 19 de septiembre pasado, cuando se especulaba que ese día se iba a producir la detención de Grassi, que recién se concretó el lunes 23, cuando lo ordenaron los jueces del Tribunal Oral Nº 1 de Morón. El vocero del grupo, que dijo llamarse Bernardo, aseguró que hay chicos que viven en el lugar y otros que concurren al comedor y a las seis escuelas.

Uno de los grandes temores de los querellantes es lo que puede llegar a hacer, de ahora en más, con Grassi preso, el entorno del cura, que desde 2002 en adelante fue protagonista de varios actos violentos, como cuando quisieron impedir el desalojo del Hogar San José Obrero de Chacarita, en la Capital Federal (ver aparte), o cuando salieron a buscar a los chicos que habían denunciado a Grassi por abuso sexual y que se habían escapado de la Fundación.

En la audiencia donde se ordenó la detención de Grassi, el fiscal de Morón, Alejandro Varela, aseguró que el entorno del cura Grassi, a lo largo del proceso judicial, actuó de manera similar a los “grupos de tareas” que durante la dictadura militar realizaron secuestros de personas que luego pasaron a engrosar la nómina de desaparecidos.

El propio Varela se encargó de aclarar a este diario que sus dichos “no eran sólo una metáfora”. En ese sentido recordó que, durante el juicio contra Grassi, uno de sus colaboradores admitió que salieron a buscar a “Gabriel” y a “Ezequiel”, los chicos que habían denunciado a Grassi. “Esas personas actuaban enloquecidamente y formaban parte de una estructura, de un grupo que estaba en permanente deliberación y que recorría casas y calles en camionetas para llevarlos de nuevo a la Fundación de cualquier manera”. Un remisero que había sido contratado para alguna de esas recorridas corroboró esas situaciones.

Cuando algunos trabajadores de la Fundación realizaron años atrás una protesta por falta de pago de los salarios, “estas personas se encargaban de ‘marcar’ a los manifestantes. Ellos eran capaces de actuar sin ningún viso de legalidad y éste era un grupo extremadamente cercano al cura”. Sergio Piris, abogado de “Gabriel”, recordó que el joven recibió amenazas y ataques por parte de personas que, era evidente, tenían vinculación con Grassi. En diciembre de 2003, “Gabriel” fue atacado por personas que le tiraron, con la mano, una bala de gran calibre y le dijeron “con una de estas te podemos matar desde 200 metros y nadie se entera”.

Eduardo Valdez, ex defensor de “Gabriel”, aseguró que “mientras Grassi estuvo libre, el que estaba preso era este chico, que no podía moverse si no tenía un policía al lado, mientras que el cura podía volver sin problemas y visitar la Fundación donde habían ocurrido los abusos”. Con Grassi preso, el alerta está puesto sobre lo que está ocurriendo en el seno de la Fundación, en Hurlingham, porque “no hay garantías si el Estado, tanto de Nación como de provincia, no interviene para fiscalizar lo que está pasando”, concluyó Gallego.

Fuente: Página 12 – Sociedad – 7 de octubre de 2013

Última modificación: 15 de junio de 2014 a las 23:05