Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

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Sudáfrica 2003

La situación de la infancia en la Argentina

Fecha de publicación: 9 octubre, 2006

El CASACIDN participó del Foro Internacional de Infancia (Sudáfrica 2003) y presentó un informe sobre la situación de la infancia en el país hasta fines de 2002. Incluye datos estadísticos y trata los siguientes temas: derecho a la salud, desnutrición, salud sexual y reproductiva, explotación sexual, el trabajo infantil, jóvenes en conflicto con la ley, entre otros.

El contexto que presenta la situación global del país hacia fines del 2002 es desalentadora para el análisis del futuro de los derechos de la infancia y la búsqueda de una sociedad que pueda garantizar igualdad de oportunidades para sus ciudadanos.

Producto de una década de políticas de ajuste, la pobreza y la exclusión social creciente se han ido instalando fuertemente en la sociedad Argentina, conformando una estructura social segmentada. Un porcentaje cada vez más pequeño posee empleos estables, acceso a los bienes y servicios de salud y educación y un porcentaje cada vez más numeroso posee empleos precarios, o están desocupados, sus ingresos no alcanzan a satisfacer la canasta básica y tienen dificultades o no pueden acceder a los servicios de salud y educación. El paulatino abandono del Estado de sus funciones terminó por conjugar, a partir del año 2000, una profunda crisis social Y económica y una progresiva crisis de autoridad y legitimidad de los poderes públicos.

Esta acelerada extensión de situaciones de pobreza extrema afecta a la infancia argentina, a sus condiciones de vida y a sus posibilidades de desarrollo.

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS

Pobreza e infancia

De acuerdo a información provista por de Save the Children Argentina:

· Entre octubre del 2001 y octubre del 2002 ingresaron más de 7000 niños por día a la pobreza, 3 de cada 4 niños nacidos en este intervalo lo hizo en un hogar pobre y cuatro de cada 10 lo hizo en un hogar que no cubre sus necesidades alimentarias básicas.

· En febrero de 2003, tres de cada cuatro niños que nacen en Argentina lo hacen en hogares pobres.

· Del total de los menores de 18 años del país, un 23,3 % eran indigentes en octubre del 2001. En octubre del 2002 el porcentaje trepa a 43,2 % para ubicarse en el 44 % en febrero del 2003.

· El contraste entre las diferentes regiones es muy notorio. En la Ciudad de Buenos Aires, los hogares con niños menores de 18 años que se encuentran por debajo de la línea de pobreza representan un 31 por ciento, mientras que en el Nordeste el porcentaje se eleva al 73 por ciento, seguido por la Pcia. de Buenos Aires con un 71 por ciento y el Noroeste con el 68 por ciento.

· Hoy, casi 6 millones de niños y adolescentes se encuentran en la indigencia, esto significa que 4 de cada 10 niños viven en hogares que no logran acceder a una alimentación de subsistencia.

Al tiempo que estos procesos se registran en los sectores más desprotegidos de la Argentina, tendencias del mismo signo afectan a la estructura social en sus capas medias. Si muchos pobres pasan a ser indigentes, muchos miembros de las capas medias pasan a ser pobres, lo que genera una mayor presión sobre las instituciones públicas de salud y de educación y un aumento de las legítimas demandas orientadas a que el Estado asuma sus responsabilidades con la sociedad.

*Derecho a la salud *

Queremos comenzar este apartado acerca de la situación de la salud haciendo notar que la mayoría de las muertes y enfermedades que sufren los niños, niñas y adolescentes que habitan la Argentina son evitables.

Entre las causas de muerte de niños hasta 10 años de edad se encuentran, en primer lugar, los problemas alrededor del nacimiento, en segundo lugar, las muertes por accidentes y en tercer lugar las producidas por enfermedades infecciosas (que en los niños y niñas de hasta 5 años de edad están representadas por infecciones respiratorias agudas o diarreas estivales).

Entre las muertes de niños y niñas de entre 10 a 18 años encontramos como causas principales los accidentes y la violencia.

Con relación a la atención de la salud, se observa que casi la mitad de los niños entre 0 y 4 años y el 42.2% de los niños entre 5 y 14 años no posee cobertura medica de obra social o prepaga. Esto significa que el cuidado de su salud depende exclusivamente del acceso a hospitales públicos. Estos, muchas veces se encuentran a grandes distancias y por lo general padecen de problemas de falta de personal, de insumos y de inadecuada infraestructura en relación a la demanda, generando severas carencias en cuanto a la calidad de la atención.

Con respecto a la mortalidad infantil, Argentina cumple satisfactoriamente las metas fijadas, la mortalidad infantil sigue decreciendo pero con una alta heterogeneidad regional.

En el 2001, la tasa era de 16.3 por mil nacidos vivos, pero se detecta una brecha importante entre las regiones del norte – 29 % – y la Ciudad de Buenos Aires – 10 % -.

Desnutrición

La desnutrición es un problema complejo que supera ampliamente la simple falta de alimentos. Aún en presencia de una adecuada cantidad y calidad de alimentación, las deficientes condiciones de vida pueden conducir también a la desnutrición. El aumento de la pobreza, las dificultades en el acceso a la educación y al sistema de salud se traducen en una deficiente atención materno infantil, conduciendo a la agudización de los problemas nutricionales y en una gran cantidad de casos a la muerte.

Los relevamientos parciales que comenzaron a desarrollarse en las provincias del Noreste y Noroeste Argentino revelan que al menos uno de cada 5 niños se encuentran desnutridos.

En el caso de la Pcia. de Tucumán los chicos desnutridos llegan a 17 mil.
· 15.300 son menores de 6 años,
· 680 son menores de 14 con daños neurológicos
· 1020 el número de embarazas desnutridas.

Cabe destacar que los 17 mil niños desnutridos registrados, equivalen tan sólo a un 10 por ciento del total de niños con probabilidades de seguir sus mismos pasos.

Según cifras de octubre del 2002 más de 3 millones y medio de niños de todo el país presentan rasgos de desnutrición.

*Salud Sexual y Reproductiva *

Aunque existe la obligatoriedad escolar, no hay mecanismos de control, ni políticas gubernamentales que reflejen las necesidades especiales de las niñas y adolescentes marginadas que han abandonado la escuela.

Las adolescentes, que atraviesan por la difícil etapa de crecimiento y cambio corporal, inmersas en esta situación económica y social, que las margina a menudo, se enfrentan a embarazos, a enfermedades de transmisión sexual y al VIH-SIDA, por falta de información y prevención. Al mismo tiempo el prematuro ingreso a la maternidad las lleva generalmente a la interrupción de la escolaridad y a la reducción de las posibilidades laborales.

El 67% de las argentinas infectadas por el VIH pertenecen a mujeres menores de 29 años, siendo 1 de cada 4 menor de 20 años.

En el país la proporción de niños nacidos vivos de madres menores de 20 años alcanza la cifra del 16%.Esto representa 105.000 nacimientos.

Explotación Sexual

Como en la mayoría de los países de América Latina, la explotación sexual infantil es un fenómeno que se desarrolla en la clandestinidad. No existen, ni en el ámbito nacional ni en los estados provinciales políticas específicas de prevención de abuso sexual y explotación de niños/as y adolescentes. De una investigación realizada por UNICEF (“La niñez prostituida – Estudio sobre la explotación sexual comercial infantil en la Argentina” – UNICEF, Octubre, 2001), se pudieron sacar las siguientes conclusiones: · Ciertas formas de la explotación sexual comercial infantil y juvenil son más visibles, por ejemplo la prostitución callejera pobre y en lugares de fácil acceso. · Existe un circuito “privado” de prostitución al cual es casi imposible acceder, tanto por el origen social de quienes son prostituidos o prostituidas como por la notoriedad de los clientes y por la interconexión con otros negocios clandestinos, fundamentalmente tráfico de drogas y de personas. · Resulta difícil la aproximación a la población “usuaria”, es decir a los “clientes”, así como a los proxenetas y empresarios. · Surgen evidencias de la existencia de organizaciones, por lo menos a dos niveles: – Un nivel más formal: prostíbulos, saunas, discos, proxenetas profesionales. – Un nivel más informal e inorgánico: padres, familia, novios y proxenetas informales que inician en la prostitución y luego entregan a los niños y niñas a los otros.

· Hay coexistencia o convivencia de los niños, niñas y adolescentes con adultos en los espacios de prostitución.

Las principales tendencias con relación a la edad indican que tanto las mujeres como los varones son iniciados e iniciadas en la prostitución entre los 12 y 13 años y los 13 y los 16 años.

Hay mayor número de niñas y adolescentes mujeres que varones en situación de prostitución, lo que demostrará que el abuso y la explotación están cruzados por aspectos de género.

Entre el 40 y el 47% de las victimas de violación sexual son menores de 15 años.

*Derecho a la educación *

Las estadísticas muestran que aún los niños de hogares con bajos ingresos asisten masivamente a la escuela, sin embargo 950 mil niños entre 5 y 17 años se encuentran por fuera del sistema educativo, de los cuales más de 700 mil son pobres.

*El trabajo infantil *

Un problema en crecimiento en nuestro país.

· Entre 1995 y el año 2000 creció un 91,6% según datos elaborados por UNICEF y el Ministerio de Trabajo (CONAETI) de la Nación..
· 1.500.000 de chicos de entre 5 a 14 años trabajan en Argentina según las últimas estadísticas del año 2002. Esta cifra considera a niños y niñas que trabajan fuera de su hogar, ganan propina, ayudan habitualmente con el trabajo a familiares o vecinos o atienden la casa habitualmente cuando los mayores no están.
· Dos de cada 5 de los adolescentes que trabajan abandonan los estudios.
· 1.230.000 niños de 5 a 14 años que trabajan en el área urbana
· 270.000 niños de 5 a 14 años que trabajan en el área rural

Bajo rendimiento escolar, repitencia y abandono marcan fundamentalmente la situación de los niños trabajadores. Enfermedades infecciones, respiratorias (asociadas al consumo de pegamentos, etc.)

*Jóvenes en conflicto con la ley *

Si tienen entre 16 y 18 años de edad y han cometido delitos de acción pública, serán sometidos a proceso penal, pero sin las garantías de las que gozan los adultos y la condena queda a discrecionalidad del Tribunal juzgador. O sea que el sistema penal juvenil en la Argentina no respeta los derechos y garantías de los imputados, ni los derechos de las víctimas y no da respuestas justas a los problemas que se requieren dirimir, criminalizando la pobreza.

Es importante hacer notar que hay una gran cantidad de niños y jóvenes privados de libertad en Comisarías, o dependencias policiales, hecho que atenta contra la seguridad de los chicos y es absolutamente ilegal y violatorio de las normativas vigentes.

No hay información a nivel nacional sobre los niños y jóvenes privados de libertad. A modo de ejemplo, los datos disponibles del año 2001 de la Provincia de Buenos Aires sirven para ilustrar a esta problemática.
· El número de niños, niñas y adolescentes privados de libertad en la provincia, es de 8.195 chicos al mes de octubre del 2001. De estos chicos y adolescentes, 853 habrían sido detenidos por motivos penales.
· En el año 2001, el promedio mensual de niños y adolescentes internados por causas penales llega a 711.
· El promedio de los chicos alojados en comisarías era de 100 por día.

  • Penas ilegítimas en Argentina*

Tres jóvenes argentinos fueron condenados por un Tribunal Oral de la Ciudad de Buenos Aires a la pena de prisión y reclusión perpetua por hechos cometidos cuando tenían 16 y 17 años.

La condena fue confirmada por las Cámaras de Casación Penal y los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron rechazados.

Estas condenas tienen una especial trascendencia porque se aplicaron las penas más graves que prevé el Código Penal argentino a personas que, al momento de cometer los delitos que se les imputaron, eran niños según la C.I.D.N. Este instrumento de derechos humanos es parte de la Constitución Nacional y su aplicación es obligatoria para todos los jueces y tribunales de nuestro país.

Con estas decisiones judiciales, que luego se repitieron en siete casos más, la Argentina se coloca en una situación gravísima en cuanto al respeto de los derechos de los jóvenes y adolescentes: es el único país de América Latina que impone estas penas. En junio de 2002, la Defensora Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectuó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando estos casos, que pueden acarrearle a la Argentina sanciones en el ámbito internacional.

En la actualidad, los tres jóvenes –que ya llevan siete años de detención cumplidos—se encuentran alojados en una cárcel de la ciudad, a la espera de una resolución favorable a su pedido de conmutación de penas.

Fuentes:
-UNICEF Argentina
-Ministerio de Trabajo de la Nación
-Save the Children Argentina
-CELS
-CONAETI

EL ROL DEL COMITÉ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN: LOGROS Y DIFICULTADES

Argentina ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en septiembre de 1990, un año después de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, instituyéndola como Ley nacional 23.849 y en 1994 la incorporó a la Constitución Nacional en el artículo 75 con la máxima jerarquía existente en el ordenamiento jurídico asumiendo el compromiso de modificar legislaciones y prácticas que no se adecuen a ella.

Al ratificarla, estableció ciertas reservas: entre ellas las referidas al artículo 21, donde se manifiesta que algunos de sus incisos no regirán en Argentina por entender que, para aplicarlos, debe contarse plenamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional, a fin de impedir su tráfico y venta y la reserva en relación al Art.1° donde se establece que para la República Argentina debe entenderse por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad.

Sin embargo a de 13 años de su ratificación aún está pendiente el compromiso de la adecuación de la legislación a dicho instrumento jurídico y fundamentalmente la adecuación de las prácticas. Los compromisos internacionales asumidos por el país, que hoy integran la Constitución Nacional no han provocado ni en los tribunales ni en el poder legislativo, ni en los organismos administrativos competentes, decisiones de trascendencia dirigidas a dar cumplimiento efectivo a dichos compromisos.

A pesar de las reiteradas demandas de los organismos de derechos humanos aún no ha sido derogada en nuestro país la Ley de Patronato de Menores o “Ley Agote” (Ley 10.903-sancionada el 21-10-1919) cuya influencia lamentablemente puede rastrearse hasta nuestros días, incluso en muchas de las políticas y prácticas que se implementan en materia de infancia. Esta Ley de Patronato reglamenta las funciones de los defensores de menores, acuerda facultades a los jueces para disponer preventiva o definitivamente de todo niño o adolescente que hubiere incurrido en contravención o delito o fuera víctima del mismo o se encontrase “desamparado” por muerte, abandono o indigencia de los padres, judicializando la pobreza. En la práctica esta teoría del niño en riesgo moral o material, termina judicializando la pobreza, ya que su aplicación recae casi en forma exclusiva sobre la población infantil más vulnerable en términos socioeconómicos. Aún cuando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño tiene rango constitucional la mencionada Ley de Patronato se sigue aplicando en la práctica con fuerte peso en la opinión de algunos juristas.

Como la Argentina es un país federal, los estados provinciales disponen de autonomía para promulgar sus propias leyes de procedimiento dentro del marco impuesto por la Constitución Nacional. En este sentido, varias provincias han iniciado ya el proceso de reconocimiento y protección de los derechos de los chicos. Es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 1998 se sancionó la Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires), la Pcia. de Mendoza, la Pcia. de Chubut, la Pcia. de Misiones, la Pcia. de Tierra del Fuego, la Pcia. de Neuquén, la Pcia. de Jujuy y la Pcia. de Buenos Aires (la Ley 12.607, que actualmente se encuentra suspendida).

De ahí que se advierta en la República Argentina una discusión y algunos avances concretos en los estados provinciales sin un correlato similar a escala nacional. Esto genera varios problemas por las características del sistema federal argentino, en particular, las provincias están limitadas en muchos aspectos respecto de los avances que pueden incorporar en sus leyes en razón de estar intacto el sistema de la situación irregular en las leyes nacionales. Las provincias han resuelto estos temas de modos ingeniosos y respetuosos de las garantías en leyes y en proyectos, no obstante el problema sigue sin ser resuelto de raíz.

La Convención y las Organizaciones de la Sociedad Civil

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional de derechos humanos que reconoce implícitamente, un papel formal a las ONG’s, a la sociedad civil. Estos organismos son llamados a observar y velar por el cumplimiento de la convención por parte de los estados y son convocados por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, a informar nacional e internacionalmente sobre los resultados de las políticas desarrolladas.

Este reconocimiento, que fue logrado gracias al papel que cumplieron las ONG´s en la etapa de redacción de la Convención, se extiende a la valorización de su rol en la concientización en el ámbito nacional, en la discusión a escala local sobre sus contenidos, los mecanismos de aplicación, las transformaciones jurídicas necesarias, la aplicación de los estándares de la Convención en las políticas públicas.

Se reconoce a las ONG´s un papel importante en llamar la atención a los gobiernos sobre los compromisos asumidos a través de la aprobación o ratificación de la Convención y estimula a producir acercamientos con las autoridades nacionales, legislaturas y medios de comunicación tratando de lograr acuerdos mínimos y espacios de concertación entre la sociedad civil y el Estado a fin de articular y participar en la elaboración de políticas públicas, y a estructurar campañas de difusión y promoción de derechos.

A partir de la aprobación de la Convención se estimuló en todo el mundo la creación de comités, coaliciones o redes de ONG´s que se propusieran cooperar y coordinar programas de seguimiento de la aplicación de la CIDN. Las coaliciones nacionales a menudo permiten un control más efectivo de la aplicación de la Convención a nivel nacional especialmente si tienen una base representativa que les permita coordinar acciones.

El Comité de seguimiento en Argentina

Argentina no fue ajena a este movimiento que se expresaba a nivel mundial. Ya en la etapa de redacción de la Convención, grupos de ONG’s participaron activamente en la discusión sobre los contenidos y artículos que debía incorporar la norma internacional. Especialmente los referidos a la identidad. La Convención Internacional por los Derechos del Niño incorporó los artículos 7, 8 (conocidos como argentinos) y el 11 del derecho a la identidad a solicitud de la Asociación “Abuelas de Plaza Mayo”, organización mundialmente reconocida que preside el CASACIDN.

La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no-gubernamental que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de Estado. Desde ese momento, el régimen militar, que se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”, llevó adelante una política de terror. La “desaparición”, forma predominante a través de la cual ejerció la represión política, afectó a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales que fueron sometidas a la privación de su libertad y a la tortura, y entre ellas a centenares de criaturas secuestradas con sus padres o nacidas en los centros clandestinos de detención a donde fueron conducidas las jóvenes embarazadas.

La violencia represiva dejó cómo saldo 30.000 “desaparecidos” y 500 niños, hoy jóvenes, apropiados, produciendo un quiebre en el sistema de parentesco. Niños que fueron secuestrados con sus padres, que nacieron en cautiverio, que fueron entregados como NN a desconocidos o apropiados por los represores. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad.

A partir de la incansable tarea de las Madres y Abuelas exigiendo la aparición de sus hijos y de los hijos de sus hijos las denuncias empezaron a llegar y así también los datos para localizar a los niños desaparecidos. Los casos denunciados y documentados son 230. Según datos de Abuelas de Plaza de Mayo son 71 los ubicados hasta el momento.

Argentina a 14 años de aprobación de la Convención
A modo de conclusión

A nivel nacional es posible afirmar que la ratificación y posterior aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño sólo ha tenido un impacto retórico o político. El discurso de la protección integral ha permeado a los actores, las prácticas y las instituciones. Sin embargo, no se advierte que ese discurso haya provocado un cambio significativo en la realidad de esos actores, prácticas o instituciones.

La reforma legal ha tenido lugar sólo en algunas provincias y en algunos temas a nivel nacional, pero esa reforma no se ha expresado en una consecuente y necesaria reforma institucional y reforma de los servicios y de las prácticas.

Un número considerable de proyectos y leyes siguen depositando en el juez la función de proteger a los niños y a los adolescentes sin avanzar sobre políticas públicas y soluciones comunitarias o de otro tipo que hagan efectiva la desjudicialización de los problemas sociales.

La protección integral de los derechos se ha instalado fundamentalmente en el discurso pero aún no en la práctica, cambian los nombres sin cambiar los contenidos.

Una década de políticas de ajuste neoliberales han recrudecido en nuestro país el conflicto social, el empobrecimiento de la población en general y de los niños, niñas y jóvenes en particular. El incremento de la pobreza produjo un deterioro manifiesto en las condiciones de vida de la población en general y golpeó con fuerza a los menores de 18 años. Las desigualdades sociales y la ausencia del Estado han ido vulnerando sus derechos sistemáticamente. Niños, niñas y adolescentes se han transformado en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, con un presente difícil y un futuro cada vez más incierto

Si bien en los últimos años ha crecido en Argentina la influencia de las ONGs como nuevas formas de representación y acción ciudadana, muchas aún están inmersas en una gran fragmentación social, asumiendo responsabilidades que le corresponden al sector gubernamental contribuyendo en cierto forma a la privatización de las políticas sociales.

Uno de los objetivos de nuestro trabajo es el fortalecimiento de las organizaciones en el ámbito local para iniciar un proceso de mejoramiento de la capacidad operativa de las mismas y asegurar su real participación en la elaboración de políticas públicas y en la toma de decisiones.

Desde el CASACIDN creemos que las ONGs debemos ayudar a construir una subjetividad diferente en todos los niños, niñas y adolescentes, basada en el nuevo paradigma que impone la Convención, ya que su aplicación compromete no sólo al Estado sino a toda la sociedad a realizar cambios fundamentales en la manera de entender y actuar en relación a los niños.

Implica salir de las decisiones que disponen de los niños y niñas como cosas e ir avanzando en la formulación de marcos normativos, políticas y programas que proyecten a estos niños como ciudadanos a través de la protección integral de sus derechos.

Y aquí, en este punto es donde aparece el gran desafío para las ONG’s, para la sociedad civil, para el histórico y para el nuevo y dinámico movimiento que trabaja con los derechos de los niños y las niñas: poder transformar ese nuevo modelo de percibir a la infancia y sus derechos en consenso cultural y político y avanzar en las transformaciones jurídicas y políticas requeridas para poder transformar la utopía en realidad para todos los niños de nuestro país.

Última modificación: 9 de octubre de 2006 a las 17:29