Chile: IV Foro Iberoamericano de ONG de Niñez y Adolescencia

Declaración de Villarrica
IV FORO IBEROAMERICANO DE ONG DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Villarrica, Chile, 25 al 27 de mayo de 2007

Cohesión social, políticas públicas y sistemas de protección integral para la garantía de derechos.
Las coaliciones nacionales y organizaciones internacionales de Iberoamérica que juntas agrupamos a más de 3,000 ONG en la Región, realizamos el IV Foro Iberoamericano de ONG de niñez y adolescencia como un esfuerzo que se ha constituido en un importante espacio de seguimiento a los acuerdos alcanzados en las Conferencias Iberoamericanas de Ministros, Ministras y Altos Responsables de la Infancia y la Adolescencia. Reunidos ahora durante los días 25, 26 y 27 de Mayo de 2007 en la ciudad de Villarrica, Chile en el marco de la realización de la IX Conferencia “Cohesión social: sistemas de protección social para la igualdad de oportunidades de la infancia y la adolescencia”, desde el IV Foro exponemos a los Estados Iberoamericanos nuestras resoluciones:

Considerando:

1. Que la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados y convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por los Estados Iberoamericanos son de obligatorio cumplimiento y requieren de estructuras adecuadas que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2. Que a pesar de los esfuerzos por implementar leyes, hacer reformas institucionales y diseñar políticas públicas en la perspectiva de los derechos humanos de la infancia, subsisten no sólo importantes vacíos y contradicciones, sino que se están produciendo graves retrocesos en el cumplimiento de los tratados y convenios vigentes, mientras que prevalece la debilidad de los mecanismos para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
3. Que varios de los Estados Iberoamericanos traducen la ratificación de los instrumentos y compromisos internacionales en actos de gobierno y no de Estado, lo que implica que los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, no responden coherentemente con dichas responsabilidades.
4. Que a pesar del compromiso varias veces ratificado por los Estados Iberoamericanos en cumbres como las de León y Montevideo de promover la inversión en infancia hasta el máximo de los recursos disponibles para la superación de las causas estructurales de la pobreza, la violencia, la exclusión y la desigualdad, aún resultan insuficientes los esfuerzos de los Estados en su función de garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Además, se carece de las mediciones y sistemas apropiados para determinar el tamaño, eficiencia e impacto de estas inversiones en la infancia así como para evaluar las variaciones en los presupuestos públicos y la forma en que las mismas afectan los derechos.
5. Que a pesar de haber avanzado en el desarrollo de instrumentos legislativos nacionales en los que se ratifican principios de la Convención de los Derechos del Niño y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, muchos Estados Iberoamericanos aún no han logrado consolidar políticas públicas de Estado en materia de niñez y adolescencia que hagan estables, permanentes y duraderos sus compromisos frente a la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Tampoco han logrado concretar suficientemente las políticas públicas para esta población en los ámbitos locales para lograr mayores compromisos de las municipalidades frente a la garantía de estos derechos.
6. Que en este contexto los programas sociales corren el riesgo de fomentar el retorno de políticas asistencialistas y represivas que no permiten la construcción de sistemas de garantía de los derechos. En la región, estos sistemas son débiles y aún no incorporan plenamente la perspectiva integral de los derechos, ni fomentan una participación plena de la sociedad civil y de niños, niñas y adolescentes en el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
7. Que frecuentemente diversos Estados Iberoamericanos reducen el ejercicio pleno de los derechos a planes de seguridad pública que suelen ir aparejados de medidas para endurecer las penas, mismos que no son eficientes para combatir las causas de la inseguridad, generan impunidad y violaciones diversas a los derechos humanos , en particular de los de niñas, niños y adolescentes.
8. Que frecuentemente las instancias para la defensa legal de derechos de la infancia carecen de autonomía, presupuesto y capacidad para un efectivo ejercicio de los derechos por parte de niñas, niños y adolescentes, lo que lleva con frecuencia a la vulneración de sus derechos tanto cuando se encuentran en conflicto con la ley o cuando son víctimas de delitos.
9. Que los Estados Iberoamericanos aún no avanzan de manera suficiente en el cumplimiento de los acuerdos de Lima, León y Montevideo referidos a crear sistemas de información sólidos y confiables, con indicadores que permitan el monitoreo sistemático de los compromisos adquiridos ante diversos órganos regionales e internacionales por lo que el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas sigue ocurriendo sin esta base, lo que hace más difícil la exigibilidad de los derechos.
10. Que la falta de autonomía y de recursos de que disponen algunos de los sistemas de monitoreo ya existentes, impide generar información sistemática y comparable sobre la infancia y sus derechos, en particular de aquella que se encuentra altamente discriminada.
11. Que en la Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y altos responsables de infancia realizada en Costa Rica en 2004, se estableció el compromiso de promover la participación infantil en la formulación de las acciones. Sin embargo aún en estas Conferencias niñas, niños y adolescentes están ausentes y no se desarrollan los esfuerzos para que sus opiniones sean tomadas en cuenta en las deliberaciones de los gobiernos.
12. Que en los países de la región prevalecen prácticas centradas únicamente en la opinión de los adultos y en los intereses de diversas instancias y entidades que limitan o excluyen la participación infantil, sin que se hagan los esfuerzos para que las experiencias de participación sean una práctica generalizada en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.
13. Que a pesar de la apertura que en general han mostrado los gobiernos de Iberoamérica para la interlocución con redes de ONG dentro de las Conferencias de Ministros, Ministras y Altos responsables de infancia, prevalece aún en algunos gobiernos una menor disposición para que representantes de la sociedad civil participen en las discusiones tanto en las Conferencias, como en los procesos dentro de los Estados nacionales.

Es a partir de estas consideraciones que demandamos de las Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y la Adolescencia de Iberoamérica:

a. Que las políticas públicas de niñez y adolescencia que se diseñan en los Estados Iberoamericanos sean instrumentos de planificación de mediano y largo plazo que permitan la consolidación de procesos sociales estables y duraderos en materia de garantía permanente de derechos de los niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva integral. Esto supone una reforma estructural y funcional de la institucionalidad pública dentro de los Estados y una gestión de resultados centrada en la persona del niño o de la niña como sujeto de derechos.
b. Que las políticas públicas de niñez y adolescencia recojan y acaten el espíritu y los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, centrando su atención en el diseño adecuado y en la financiación suficiente y oportuna de los planes, programas y proyectos mediante los cuales se concreta en la práctica la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
c. Que avancen en la construcción de modelos adecuados para medir la inversión pública en infancia como base para aumentarla, hacerla eficiente y dar cuenta del impacto de la misma, así como del efecto de las políticas económicas y sociales en el ejercicio de los derechos.
d. Que las políticas públicas de niñez y adolescencia sean el producto consensuado de un proceso participativo y democrático. Esto implica que se deben establecer espacios de participación permanentes para la sociedad civil y para niños, niñas y adolescentes.
e. Que junto con la elaboración de políticas públicas nacionales de niñez y adolescencia que se diseñan en los Estados Iberoamericanos se deben crear políticas públicas locales que acerquen más el Estado a los espacios de la vida cotidiana de los niños, las niñas y los adolescentes.
f. Que las políticas de seguridad sean diseñadas con base en los principios de la seguridad humana enmarcada en el respeto y promoción plena de los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales.
g. Que realicen las reformas presupuestarias y jurídicas necesarias para dotar a los Sistemas Nacionales de Protección de los Derechos de los mecanismos necesarios para que los mismos puedan ser demandados por niñas, niños y adolescentes. En este sentido es necesario adecuar los procedimientos judiciales y administrativos para que niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, al igual que sus familiares o testigos, tengan un mejor acceso a la justicia. Que en materia de Justicia de Adolescentes los Estados de Iberoamérica se orienten a partir de la Observación General no. 10 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
h. Que cumplan con el compromiso de establecer sistemas de información estadística a través de indicadores específicos que permitan el monitoreo y exigibilidad de los derechos en forma sistemática y comparativa, con datos desagregados geográficamente y por sexo, grupo étnico y edad.
i. Que realicen las inversiones necesarias para mejorar la información de poblaciones infantiles altamente discriminadas en particular por la violencia, la vida en las calles, la explotación sexual y laboral, la migración, el impacto de los conflictos armados.
j. Que se diseñen y ejecuten modelos metodológicos para ampliar las experiencias y canales de participación y organización infantil desde enfoques que permitan su inclusión activa dentro del grupo familiar, las escuelas, las comunidades y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. En particular demandamos que las voces de niñas, niños y adolescentes sean incluidas como insumos fundamentales en los debates dentro de las Conferencias Iberoamericanas.
k. Que se amplíen los mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento, evaluación y ejecución de los compromisos derivados de las Conferencias de Ministros, Ministras y Altos responsables de infancia

Finalmente, las coaliciones nacionales y organizaciones internacionales de Iberoamérica instamos a este Conferencia de Ministras, Ministros y Altos Responsables de Infancia y Adolescencia a que soliciten a los Jefes de Estado y de Gobierno que en el sistema de cooperación entre nuestros países se priorice la inversión pública en infancia y los modelos para evaluarla y hacerla eficiente, así como el desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas de indicadores para el monitoreo de los derechos de la infancia y de los compromisos adquiridos por los Estados Iberoamericanos en las Cumbres, como base para su cumplimiento y exigibilidad.

Las coaliciones nacionales y organizaciones internacionales de Iberoamérica nos comprometemos a aumentar nuestra articulación, fortalecer nuestra capacidad y nuestras acciones para promover el enfoque de derechos y la participación infantil en todas las interlocuciones con nuestros gobiernos.

Agradecemos en especial al gobierno de la República de Chile todo su apoyo para la realización de este IV Foro Iberoamericano de ONG de niñez y adolescencia y al gobierno de la República de El Salvador por su disposición para la realización del V Foro a realizarse en este país en 2008.

Villarrica, Región de la Araucanía Chilena a los 27 días del mes de mayo de 2007
Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño
Defensa de Niños y Niñas Internacional
Fórum Nacional Permanente de Entidades não Governamentais de Defensa dos Dereitos da Criança e do Adolescente – Brasil
Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (ANCED) – Seção DNI -Brasil
ACHNUPRODENI . Chile
Corporación Opción Chile
Red Nacional de ONGs de Infancia y Adolescencia de Chile
Alianza por la Niñez Colombiana
Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez – Costa Rica
Coalición de ONGs para el Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño – Costa Rica
Foro Ecuatoriano de Organizaciones de Niñez y Adolescencia
Red para la Infancia y la Adolescencia – El Salvador
Plataforma de Organizaciones de Infancia – España
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y la Juventud – Guatemala
Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez – Guatemala
Red Institucional por los Derechos de la Niñez – Honduras
Red por los Derechos de la Infancia en México
Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia
Instituto para el Desarrollo de la Mujer y la Infancia, IDEMI – Panamá
Red de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia – Paraguay
Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño – Perú
Coalición de ONGs por la Infancia en República Dominicana
Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo – Uruguay
Comité de los Derechos del Niño – Uruguay
Aldeas Infantiles SOS Internacional
Plan Internacional
Redlamyc
Save the Children
Visión Mundial
Marcha Global Contra el Trabajo Infantil

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