Desde 2003 en adelante hubo un giro en las políticas de niñez y adolescencia implementadas por el Estado, abandonando las antiguas concepciones vinculadas al patronato y haciendo foco en el fortalecimiento de las familias. Tal como señala la ministra Alicia Kirchner, “una sociedad que no puede recuperar y cuidar a sus niños, es una sociedad que no entiende lo que es importante”.
También se viene trabajando con los jóvenes de todo el país para darles espacios para hacerse escuchar y ser actores centrales en la formación y creación de políticas de juventud inclusivas. Con el programa “Jóvenes Padre Mugica”, más de 20 mil jóvenes son protagonistas en su territorio y llevan adelante campañas de capacitación tanto para emprendimientos socioproductivos como para la concientización del HIV.
De la misma manera, Argentina se ha convertido en el país con mayor cobertura jubilatoria de la región, así como un referente de políticas para adultos mayores. La extensión de las pensiones no contributivas a mayores de 70 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y no puedan realizar aportes jubilatorios, permitió incluir a miles de adultos mayores que no tenían seguridad social. Como explica la ministra, “las pensiones no contributivas no son un beneficio, son un derecho por ley que viene a reparar una injusticia social”.
Protección integral para todos niños de todo el país
En 2005, con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se inaugura una nueva etapa en la historia de la infancia de nuestro país que pone fin a casi cien años de patronato, que indicaba que los niños en situación de vulnerabilidad debían ser institucionalizados y sacados del seno familiar. Esta nueva legislación establece que los niños crezcan y desarrollen sus capacidades en el ámbito familiar y comunitario como una de las prioridades.
Dicha Ley creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF). Desde su sanción se han producido en casi todo el país reformas de leyes provinciales de infancia.
“Para lograr este cambio debe haber de un Estado presente y activo, no con la mentalidad de patronato, sino apostando a la familia, porque un país como el nuestro tiene que organizarse sobre un proyecto colectivo”, asegura la ministra.
Durante la última reunión del Consejo Federal, funcionarios del Ministerio trabajaron codo a codo con los consejeros provinciales y las organizaciones sociales, para conocer de cerca las distintas realidades, identificar los derechos más vulnerados por provincia y región, y plantear nuevas alternativas para profundizar los avances en las políticas inclusivas llevadas adelante por el Estado Nacional.
Asignación Universal por Hijo, una medida de inclusión social
También se debatió sobre las devoluciones sobre las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre la aplicabilidad de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se destacaron, además de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la ley 26.206 de Educación Nacional (sancionada en 2006, que establece un Sistema Educativo Nacional con estructura unificada en todo el país, que comprende cuatro niveles: Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Superior y determina la educación obligatoria desde los 5 hasta los 18 años de edad), la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (todos los niños tienen derecho a recibir educación sexual, asegurando también la igualdad de trato entre hombres y mujeres), y la ley 26.930 (que prohíbe el trabajo infantil y protege el trabajo adolescente se eleva la edad mínima de admisión al empleo a los dieciséis años, prohibiéndose a los menores de esa edad a realizar trabajos sean estos remunerados o no).
Otra de las políticas de Estado que implementó este Gobierno y que marcó un antes y un después en lo que respecta a la restitución de los derechos de los niños y sus familias es la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A través de esta medida se ha logrado sacar de la pobreza a más de 3 millones de niñas y niños y a más de 1.700.000 de la indigencia.
La AUH otorga una suma de 220 pesos mensuales por cada niño hasta los 18 años y sin límite de edad en caso de hijos díscapacitados. Se considera un máximo de cinco chicos por familia.
Los padres o tutores deberán acreditar para los niños de hasta cuatro años el cumplimiento de los controles sanitarios correspondientes y del plan de vacunación obligatorio. Desde los cinco años hasta los dieciocho, deberán acreditarse además la concurrencia de los chicos a la escuela pública.
Es necesario remarcar que a través de la AUH aumentó la matricula educativa en el año 2010 y logró revertir la deserción que se daba, sobre todo, entre los jóvenes que pasaban de segundo a tercer año del secundario; por otra parte, permitió incluir a más jóvenes en el sistema educativo secundario. Además, como se analizó en el XI Encuentro Nacional contra el Trabajo Infantil de este año, la AUH impactó directamente en la erradicación del trabajo en los niños.
Jóvenes como, protagonistas, del cambio
La Dirección Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es el espacio que lleva adelante las políticas públicas para la juventud y promueve la participación de este sector a través de programas como “Jóvenes Padre Mugica”, lanzado en 2008 con el objetivo de promover el compromiso social y la participación de los jóvenes, además de generar espacios de capacitación en oficios e inclusión laboral juvenil que favorezcan la igualdad de oportunidades. En la actualidad, el programa cuenta con más de 20 mil jóvenes involucrados en acciones solidarias y en el diseño de políticas sociales. Estos jóvenes son capacitados en diferentes temáticas, como salud sexual, seguridad vial, derechos humanos, prevención de VIH y discapacidad.
Además, y con el objetivo-de generar espacios de formación que profundicen debates, se organizan las Jornadas “Pensar Argentina, Mirar Latinoamérica” y “Argentina Soberana y Popular”, en las que los jóvenes logran, entre otras cosas, tomar conciencia de la importancia política e ideológica de los procesos comunicacionales en el contexto actual y logran abordar todas las dimensiones de soberanía -económica, social, política, nacional y latinoamericana del proyecto nacional y popular.
Otro de los programas de formación es “Jóvenes Argentina Trabaja”, que promueve la formación histórica-social de las y los jóvenes, para que asuman un rol protagónico en el desarrollo de las cooperativas y el Programa Argentina Trabaja.
A través de este programa se busca fortalecer la identidad como jóvenes trabajadores y cooperativistas, comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad.
Fuente: Diario Popular – Sup. Social (22/12/2010)