Educación y apoyo social, en lugar de «mano dura»

En tres puntos hubo prácticamente unanimidad: el 96,67% de los consultados cree que el número de delitos cometidos por menores ha aumentado en estos últimos años; el 91,67% considera que hay relación entre la delincuencia y la educación ausente, y el 93,33% sostiene que existe vinculación de causa-efecto entre la delincuencia y un entorno social y familiar erosionado.

Es en cuanto a las formas en que se puede remediar el problema donde se exponen las diferencias. El 46,93% de los encuestados consideró que mejorar la educación es la medida más efectiva para detener la delincuencia juvenil, mientras que el 26,67% estimó que más contribuye en ese sentido mejorar el entorno social y familiar de los adolescentes en riesgo de caer en situaciones delictivas. Sumaron, pues, el 73,6 por ciento de la consulta.

En oposición, el 11,67%de los participantes respondieron que es necesario endurecer las penas para poner freno al delito juvenil, en tanto que el 14,73% estimó que lo más eficaz sería bajar la edad de imputabilidad, cuyo piso es hoy de 16 años.

La abogada penalista y criminóloga Marta Pellón Pérez, responsable del trabajo, consideró: “Curiosamente, un 5% de quienes respondieron que la medida más efectiva es bajar la edad de imputabilidad manifestó que eso es una solución de corto plazo y que conlleva trabajar en la educación para solucionar la situación en el largo plazo; mientras que un 16% de los que respondieron que hay que mejorar la educación manifestaron que no es viable lograr alejar a los jóvenes del delito sin el acompañamiento del entorno social. Un 20% mencionó que las medidas óptimas comprenden una mezcla de las cuatro opciones”.

“Podemos afirmar que las medidas penales duras fracasan, en primer lugar, porque tratan indiscriminadamente todas las formas de criminalidad y, en segundo, porque la «mano dura» se concentra sobre los síntomas, sobre el hecho criminal per se , y no profundiza en las causas, por lo que tampoco puede solucionar los problemas de base. Es necesario formular un plan estratégico y articular la colaboración entre el Estado y las ONG”, sostuvo Pellón Pérez.

Fuente: La Nación – Información General (11/05/2010)

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