El pedido se basa en la supuesta violación por parte del condenado de las condiciones judiciales establecidas en la sentencia de abuso deshonesto, corrupción de menores y coacción agravada que pesa en su contra.
El religioso se encuentra impedido de “acercarse, referirse públicamente, comunicarse intencionalmente con las víctimas ni con cualquier otra persona íntimamente vinculada a ellas”, así como “la expresa prohibición de ingresar a la Fundación Felices los Niños en cualquiera de sus sedes o dependencias, en ningún tipo de horario y bajo ningún concepto, bajo apercibimiento de proveer lo que en derecho corresponda”.
Los letrados aportaron pruebas que demostrarían la el incumplimiento de la imposición que le asignó la sentencia condenatoria. El fiscal que entiende en la causa, Alejandro Varela, adhirió al pedido de la querella.
“Impulsaremos todas las medidas necesarias hasta lograr que se haga justicia en este caso. Nos indigna la impunidad que tiene Grassi para no cumplir con su condena”, aseguró Nora Schulman, directora ejecutiva de la institución.
El CASACIDN ha actuado intensamente en la causa, con el único propósito de resguardar los derechos de los afectados, a través de numerosas presentaciones judiciales y asumiendo la representacion directa de las víctimas.
“Esperamos con la misma intensidad y convicción con la que hemos trabajado todos estos años lograr una condena de cumplimiento efectivo del sacerdote. Es obligación de la Justicia restituir los derechos vulnerados y reparar los daños sufridos por todas las víctimas involucradas en el caso”.
Fuente: CASACIDN – 17 de noviembre de 2011