Por un lado, hay diversos hechos penales de abuso y corrupción de niños y adolescentes que deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias, y que involucran gravemente a una persona que estaba al frente de una institución que hoy continúa alojando a cientos de niños, niñas y adolescentes. Llama poderosamente la atención que luego de tantos años aún no esté resuelto el caso, pese a que muchas de las víctimas ya son adolescentes y adultas. El juicio oral se demora en un proceso que, además, ha tenido diversas irregularidades y, paralelamente, Grassi sigue gozando de beneficios procesales (una libertad supuestamente restringida que no se cumple ni se controla, el acceso a otras dependencias de la Fundación y el supuesto acompañamiento de una custodia) que no se conceden a otros imputados en igual situación y que le permiten impedir que otros testigos o potenciales víctimas contribuyan con su testimonio a esclarecer estos graves hechos que se le imputan, a la vez que incluso posibilitan la reiteración delictiva. Tres causas judiciales y al menos tres víctimas comprobadas hasta la fecha dan muestra elocuente de la improcedencia de tal beneficio, que, evidentemente, no contempla garantías para las víctimas.
Pero de este hecho deriva un segundo análisis: el perverso sistema que tiene su emblema en la Fundación Felices los Niños, pero que se repite en muchas otras instituciones del país. Un sistema que atrapa y encierra a miles de niños y niñas, que son víctimas de las decisiones arbitrarias de jueces que consideran que la situación de pobreza de una familia es razón suficiente para internar a un chico en un instituto y privarlo de su libertad. Cualquier forma de internación en un establecimiento público o privado del que no se permite salir a un niño o adolescente por su propia voluntad constituye una privación de libertad, más allá de la modalidad de alojamiento, de la autoridad que tomó la decisión o de la institución que la implementa.
Es perverso un sistema que separa a los niños de sus familias porque éstas no tienen condiciones para ofrecerles una vida digna; que los priva de libertad en lugares donde se mezclan géneros, víctimas y acusados de delitos, y hasta bebés; que en nombre de la protección desencadena un círculo vicioso de vulneración de derechos y que incluso reporta dinero poco controlado y beneficios a muchas instituciones supuestamente “protectoras”, como la Fundación Felices los Niños.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño concibe a los niños como sujetos de derechos, no como objetos a “proteger”. Y expresa claramente que todos los niños tiene derecho a la convivencia familiar y comunitaria. La nueva ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada en septiembre de 2005, prohíbe expresamente la internación de niños por motivos relacionados con la pobreza. Sin embargo, según una investigación de este año de la Secretaría de Derechos Humanos sobre chicos institucionalizados, en Argentina existen al menos 19.579 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (de hasta 21 años) privados de libertad, tanto por causas penales como no penales; de las cuales la amplia mayoría (45,2%) se encuentra en la provincia de Buenos Aires.
Como organización de derechos humanos nos oponemos a este sistema y condenamos a aquellas instituciones que sólo defienden intereses corporativos absolutamente perversos. Este sistema de institucionalización de niños debe ser reemplazado por otro modelo que fortalezca a las familias y que privilegie su vínculo con los chicos.
Una realidad que debe ser afrontada de manera concreta. No se trata de mejorar la calidad de atención de este tipo de instituciones, se trata de modificar radicalmente el marco en el que hasta ahora han sobrevivido, violando derechos de niños y adolescentes y poniendo en riesgo compromisos internacionalmente asumidos por la República Argentina.
