Por María Elena Naddeo *
Tememos que se privatice el único hogar estatal de niñas, niños y adolescentes Nuestra Señora del Valle, institución que fue transferida del ámbito nacional a la ciudad en el marco de la muy complicada puesta en marcha de la ley nacional de infancia 26.061. Frente al reclamo de la junta interna de trabajadores para incluir más operadores en los turnos (con treinta y tres niños se debería contar por lo menos con cinco operadores y no los dos o tres habituales), la respuesta del gobierno de la ciudad ha sido retirar a niños y derivarlos a hogares privados, lo cual puede constituir un mecanismo encubierto de privatización.
Ahora tememos por el cierre del hogar histórico de la ciudad, María Eva Duarte, de la Dirección General de la Mujer, destinado a albergar a jóvenes embarazadas: se reducen los alojamientos, solamente hubo en el último mes cinco chicas alojadas y frente a la necesidad de realizar refacciones, sin duda muy necesarias, se resuelve el traslado de las chicas a otros hogares, privados por supuesto, permaneciendo el hogar “cerrado” hasta nuevo aviso.
En las cuentas de Mauricio y de los viejos asesores del Banco Mundial de la era Menem, pagar a terceros a través de la partida de transferencias (becas y subsidios) es más “barato” que sostener la inversión de personal estatal, de insumos, de alimentos, de infraestructura. En el corto plazo se gasta menos pagando a privados. En el largo plazo el Estado se debilita, se desentiende de su rol principal, y el resultado es pésimo: hemos conocido la experiencia de numerosos hogares de organizaciones no gubernamentales que superexplotan al personal, los chicos denuncian situaciones de abuso, incluso varios fueron cerrados por los organismos de control ante el escándalo de las violencias internas. Sabemos también que hay hogares no gubernamentales que realizan una importantísima y solidaria tarea y que necesitarían mayor respaldo en la supervisión y en la colaboración del Estado, más allá de todas las instancias de control burocráticas existentes. Los mismos hogares sostienen que están desbordados, que no pueden atender tantos chicos. Es imperioso ampliar y organizar nuevos servicios estatales en vez de cerrar o transferir los existentes. Y concebir a las organizaciones de la sociedad civil como integrantes de una red de atención integral y no como prestatarias de servicios del Estado.
Necesitamos ampliar los servicios estatales de infancia y adolescencia de la ciudad de Buenos Aires, en particular los programas alternativos a la institucionalización y de apoyo a la familia, generar servicios estatales que sean “testigos” e “indicadores” de estrategias de intervención para el resto de las políticas y programas. Se trata de un compromiso que deberían sostener todos los sectores políticos.
- Actual Legisladora porteña-Diálogo por Buenos Aires y ex Presidenta del Consejo de los Derechos de niños, niñas y adolescentes del G.C.A.B.A.
Fuente: Página 12 – Sociedad (08/01/2010)