Medidas para hacer efectivos los derechos enunciados en la Convención. Hacia una agenda de la responsabilidad estatal y social

Del 27 al 30 de septiembre de 2004 se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el Foro Mundial 2004 sobre Planes Nacionales de Acción para la Infancia bajo el lema “La infancia y la adolescencia en la agenda política y social” organizado por el Foro Internacional para el Bienestar de la Infancia – IFCW – y el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño – CASACIDN –.

El Foro tuvo como objetivo abrir un espacio de análisis y debate que permitiera movilizar a todos los actores involucrados en las políticas de infancia y la adolescencia – funcionarios, legisladores y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales – para abogar por la elaboración de un Plan Nacional de Acción para la Infancia.

Participaron del encuentro más de 500 personas de distintas organizaciones de infancia de todas las provincias argentinas; de los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, India, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia, Irlanda, Costa Rica, Chile, Estonia, Perú, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros.

PANEL: Medidas para hacer efectivos los derechos enunciados
en la CDN. Hacia una agenda de la responsabilidad estatal y social.

El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) compromete a los Estados Partes a “adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos” en este instrumento jurídico. A partir de la puesta en vigencia de la Convención, el desafío es pasar del mero reconocimiento de derechos y su proclamación a la protección efectiva de ellos, a su satisfacción real. La existencia de garantías para el libre y el pleno ejercicio de los derechos humanos y la adopción de mecanismos efectivos y eficaces para el acceso a esos derechos es una obligación del Estado y una responsabilidad de la sociedad civil. Dice la Convención: “En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas mediadas hasta el máximo de los recursos que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

En este panel se buscó debatir qué significado adquieren estos compromisos en el diseño institucional y financiero de los Estados, en la formulación de las políticas públicas, en el desarrollo de los planes nacionales de infancia y en la definición de los criterios de financiamiento de las ONGs. También se analizó el rol de los organismos multilaterales de crédito en el desarrollo de una nueva institucionalidad pública para el cumplimiento de la Convención.

En este panel participaron:
Eeva Kuuskoski, licenciada en medicina, especialista en pediatría, actualmente directora de The Mannerheim League for Child Welfare (Liga por el Bienestar de la Infancia). Fue miembro del Parlamento por 16 años y ministra de Asuntos sociales y Salud, en Finlandia.
Eugenia Zamora Chavarría es licenciada en derechos por la Universidad de Costa Rica y magíster en la Universidad de Harvard. En la actualidad es directora del Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, en Costa Rica. Fue directora general del Instituto Interamericano del Niño de la OEA, viceministra de Justicia de Costa Rica, encargada de protección en la oficina México de Lacnur, asesora y coautora de varios proyectos de ley (entre éstos del proyecto de creación del ombusdman de la infancia en Costa Rica junto con Rolando Quirós).
Irene Konterllnik es asesora del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y consultora de organizaciones no gubernamentales. También es docente de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y durante muchos años ha trabajado como oficial de proyectos de UNICEF – Oficina de Argentina.
Javier Cursio es licenciado en economía de la Universidad de Buenos Aires, consultor de UNICEF – Oficina de Argentina, en el área de Protección de la inversión social y consultor de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en temas relacionados con la política fiscal. Anteriormente se desempeñó como director de Monitoreo y evaluación de programas sociales del Ministerio de Educación de la Nación y fue consultor de la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Coordinadora: Dra. en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y Directora Académica del Instituto Hannah Arendt

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