El hecho se dio tras la entrada en vigencia de una Acordada (la 987) del Tribunal Superior de Justicia que implicó el comienzo de un gran cambio en la Justicia de Menores prevencional y armoniza el funcionamiento de esos juzgados con la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Esa Ley, sancionada hace cinco años, establece un sistema de protección de la infancia que, entre otras cosas, tiende a la desjudicialización y desinstitucionalización de los niños en riesgo (en situación de pobreza, víctima de abuso o violencia, pero no los correccionales o en conflicto con la ley penal).
Crea órganos para el tratamiento de la niñez en vulnerabilidad social, pone el acento en la responsabilidad del Poder Ejecutivo de intervenir en estos casos con políticas públicas algo que siempre se debió hacer y establece la intervención judicial como excepcional.
Según la normativa (art. 33), ante la “amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes” el órgano administrativo (es decir, la Senaf) debe aplicar las “medidas de protección integral”, que deben tender a que los chicos permanezcan con su grupo familiar: son becas, programas, tratamiento médico o psicológico y asistencia económica, entre otros.
Remisión. En este marco, el año pasado la acordada redujo la competencia inicial de los juzgados prevencionales y estableció que se remitan a la Senaf las causas que involucran a niños y adolescentes con problemáticas de salud o que necesiten prestaciones sociales y asistenciales; y la de los mayores de 14 años que se hayan fugado de su hogar, luego de ser hallados.
Así, entre agosto de 2009 y mayo de 2010 los juzgados transfirieron a la Senaf 1.174 causas. Los datos son de un informe del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez en base a información de la Dirección de Informática del Poder Judicial.
El informe agrega que “en las causas que permanecen bajo la órbita del Poder Judicial, se adoptaron 268 medidas que no implican la institucionalización del chicos menores de edad, es decir, 69 por ciento del total de medidas”.
Las decisiones más frecuentes que no implican la institucionalización son regímenes de visita y cuota alimentaria provisoria (28 por ciento), el egreso o permanencia a cargo de los padres (22 por ciento) y la exclusión del hogar y medidas de restricción (21 por ciento).
Las cifras cobran relevancia porque en el Poder Legislativo existen dos proyectos de ley uno del Ejecutivo que le quita toda competencia inicial a los jueces y sólo contempla su intervención para el control legal de las medidas dispuestas por la Senaf. Ésta es incluso la encargada de establecer la separación de los chicos del seno familiar, que siempre debe ser excepcional. Ese es el debate que se viene.
Fuente: La Voz del Interior – Córdoba – Sociedad (04/07/2010)