La ley crea un sistema para poner estos principios en funcionamiento, cuya autoridad de aplicación será la actual Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), hoy a cargo de Raquel Krawchik.
De esta manera, la Provincia se adecúa a la ley nacional 26.061 de Protección de la Infancia, que deroga la antigua ley de patronato, que sancionó el Congreso hace más de cinco años.
En casos de amenaza o violación de derechos de los niños será la Senaf, y no el juez, la encargada de decidir qué programas y políticas se aplicará a ese niño. Es más: no sólo se dispone que la separación de los chicos del seno familiar será excepcional, sino también que será la Senaf el órgano que dicte la medida. El juez sólo podrá controlar la legalidad de la misma.
La nueva norma busca evitar la judicialización e institucionalización de los chicos por razones sociales (pobreza, abandono, maltratos).
Para eso, también establece el fortalecimiento de la familia a través de políticas públicas. Impone responsabilidades gubernamentales y familiares. Y, en especial, crea el Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral en el que participan todos los organismos estatales y no gubernamentales, coordina sus acciones y se ocupa de la descentralización de ellos.
Adaptación. El Tribunal Superior de Justicia tiene un año para adaptar las causas al nuevo sistema, y deberá rediseñar la competencia de los jueces de menores (Justicia prevencional).
Los cuatro magistrados de la ciudad de Córdoba pasarán a ser jueces “en violencia familiar”, que sólo podrán revisar las decisiones de la Senaf en relación a las “medidas excepcionales”, como el retiro de un chico de su ámbito familiar.
Cumplirán funciones como órgano de revisión o apelación. También tendrán el control en casos como los de la guarda preadoptiva.
En el interior, en donde hay jueces de Control, Menores y Faltas, deberán rediseñar parte de su competencia.
Régimen penal. También se establecen modificaciones en el ámbito de los jueces correccionales, aunque éstos continuarán tratando los casos en los que hay conflicto con la ley penal.
Sin embargo, ahora ya no serán ellos quienes acusen y juzguen. Por eso se introducirá la figura de un “fiscal juvenil” que deberá investigar y acusar ante el juez. A su vez, se creará una “Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar”, que reemplazará como órgano de casación a las cámaras penales ordinarias.
Aún no se aclaró el monto del presupuesto que se establecerá para implementar la ley, pero se anticipó que el Poder Judicial llamará a concurso para ocupar los nuevos cargos a crearse.
Acuerdo y críticas. La ley contó con la aprobación generalizada de todos los bloques, excepto de algunos legisladores que realizaron observaciones en el capítulo de la competencia correccional, ya que éste deberá modificarse en caso de que el Congreso de la Nación apruebe el nuevo régimen penal juvenil.
Casi todos destacaron el gran avance que significa la ley para el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Krawchik estuvo presente en toda la sesión.
Las principales críticas a la nueva norma vienen, por un lado, de los jueces de menores, en desacuerdo con el acotado margen de acción que les queda respecto a los casos de desamparo. Por el otro, distintas ONG y colectivos de la infancia se quejan de que, en el ámbito correccional, los chicos sigan en manos de los jueces penales.
Fuente: La Voz del Interior – Sociedad (05/05/2011)