El panorama trazado por expertos en la temática, es bastante desalentador: desconocimiento de algunos funcionarios a cargo de las áreas de niñez sobre la existencia de la nueva legislación; fuertes reticencias en el sector judicial; escasos recursos; y niños que siguen siendo institucionalizados o desarraigados de sus padres por cuestiones de pobreza son algunas de las manchas que tiñen la implementación real de la ley 26.061 en todo el territorio nacional.
Así, pese a ser aplaudidos y bienvenidos por el grueso de los referentes del sector, poca presencia tienen en la actualidad los principios, organismos y figuras que proclama la nueva ley, acorde con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, a la cual Argentina adhirió en 1994 y tiene veto constitucional.
La aplicación de la norma resulta dificultosa por “la distancia que hay entre el texto y la práctica”, afirmó María Belén Noceti, autora de varias investigaciones referentes a la niñez en riesgo, e integrante del Consejo Local de Protección de Bahía Blanca, una de las pocas dependencias previstas por la nueva ley creada hasta el presente.
Adhesión
Con la puesta en marcha de la Ley Nacional de Protección Integral, los gobiernos provinciales que adhirieron a la norma deben establecer una estructura que consiste en abrir secretarías de niñez, consejos locales y juzgados de familia en cada distrito para absorber los casos de violación de derechos, y también reglamentar los fueros penales juveniles para aquellos en conflicto con la ley penal.
Pero según Noceti “hay una acefalía” por parte de los sistemas de aplicación de la nueva ley.
“En las nuevas dependencias se está involucrando a gente que no tiene conocimiento ni experiencia en la actual legislación y no se le está dando a los municipios los recursos y la autonomía para decidir políticas locales, lo que es una manera de mostrar que no hay decisión política”, opinó la mujer.
En este marco, “ante el vacío” se solicita al Poder Judicial que “tome las riendas” pero “como por ley debe correrse, los organismos públicos se pasan la responsabilidad de uno a otro y los problemas de los chicos no se resuelven”, cuestinó.
Pocos avances
Algo similar manifestó Nora Schulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), aunque sostuvo que, al menos en la provincia de Buenos Aires, que fue una de las que más avanzó en el tema, “coexisten los dos sistemas legales dado que los chicos siguen siendo institucionalizados”.
“Al principio, hubo una fuerte decisión política con la aplicación de la nueva ley. Pero después ese interés se fue pinchando”, precisó Schulman.
Como resultado, aún están pendiente la sanción del Defensor del Niño, “figura importante para el cumplimiento de la ley, pero que espera todavía ser analizada en Diputados”, y la creación plena de los llamados consejos locales de protección.
Sólo unos pocos distritos de la provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, Chubut y la Capital Federal ya los habilitaron.
Fuente: El Tribuno de Salta – Nota – Nacionales (05/10/2008)