El Estado adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), a través de la sanción de la Ley 23.849 en 1990; asumió compromisos frente a los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ONU, 2000) para el año 2015; sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 2005; y la Ley 26.206 de Educación Nacional en 2006, entre otros andamiajes legales relacionados.
En 2009, se destaca el decreto de necesidad y urgencia 1602, que atento al artículo 4 de la Convención y al artículo 26 de la Ley 26.061, creó el sistema denominado “Asignación universal por hijo para la protección social” que busca llegar a 5 millones de beneficiarios y que probablemente tendrá un impacto significativo en la prevención de la pobreza extrema. Sin embargo, esta política pública tiene por delante el desafío de constituirse en una ley con amplio acuerdo parlamentario cuyo alcance sea en efecto universal.
Por el momento, el alcance de este programa es parcial en tanto no considera al niño desde su gestación, a las familias numerosas y es incompatible con otros programas sociales. Asimismo, su percepción se encuentra condicionada a un conjunto de obligaciones de las familias que deben mostrar al Gobierno su situación en el mercado laboral, y la atención de la salud e inclusión educativa de sus hijos. En este sentido, el objetivo de “equiparación de derechos” es objetable en tanto a las familias en el marco del empleo registrado no se les exigen condiciones para la percepción del beneficio de la seguridad social.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina al elaborar el cuarto informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia se preguntó si muchos argentinos tendrán algo que festejar este domingo en que se celebra el Día del Niño. El interrogante se plantea porque según ese estudio un 28% de los niños y adolescentes se encuentra en situación de riesgo alimentario en la Argentina, mientras un 55% debió restringir en cantidad y calidad sus consumos de alimentos en 2009.
Defender los derechos plenos de la infancia no es una cuestión de proclamas sino de acción para que los más vulnerables sean los menos perjudicados.
Fuente: Diario de Cuyo (08/08/2010)