La ley diferencia a las víctimas mayores de las menores de 18 años. En el primer caso se deberá demostrar que hubo algún método de coerción para que se configure el hecho ilícito.
El delito es castigado con penas de 3 a 6 años de prisión, que puede elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima.
En el caso de que las víctimas sean menores de edad, la escala penal se eleva de 4 a 10 años de prisión. Y si se trata de menores de 13 años, será 6 a 15 años de prisión efectiva.
Con esta ley, entrará en funcionamiento el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, que fue creado por decreto durante la presidencia de Néstor Kirchner.
En la Argentina, la trata de personas existe en forma interna e internacional. En el Estudio Exploratorio sobre trata de personas en la Argentina, Chile y Uruguay, que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizó en 2006, se rescata la adopción de medidas recientes en el país que expresan la voluntad política de actuar en contra de este flagelo social.
“La sanción de esta ley confirma la predisposición de la Argentina en la lucha contra este delito”, expresó la OIM mediante un comunicado.
El estudio mencionado detectó que la provincia de Buenos Aires es, sobre todo, “un punto de destino de víctimas de trata tanto interna como internacional, aunque a lo largo de la investigación fueron referidos casos de reclutadores que llevan mujeres hacia España”.
Fuente: Diario La Nación – Información General (02/05/2008)