Su madre ni siquiera tenía sentencia, sino que estaba procesada. Era su único hijo, padecía una bronqueolitis desde hacia mas de una semana, y ante un episodio de ahogo por problemas respiratorios no se contaba con la aparatología para el tratamiento, ni ambulancia para trasladarlo.
A la gravedad del hecho en sí, se le suma que fue una muerte evitable y anunciada, inscripta en una situación claramente violatoria de los más básicos derechos de los niños: hace dos meses que el Comité contra la Tortura presentó un amparo colectivo advirtiendo sobre la dramática situación de 79 chicos menores de 4 años que están presos con sus madres en la provincia. Nadie escuchó, nadie tomó medidas, nadie se hizo cargo. El Tribunal Oral Criminal Nº 4 (que según la ley de Amparo nº 7166 debió dictar sentencia y tomar medidas luego de las 48 hs de producida la prueba, que a su vez no puede demorar más de tres días una vez presentado el recurso) no tomó medida alguna en los dos meses que pasaron desde entonces.
El mismo recurso detalla que entre las madres de los niños presos, 9 de cada 10 no tienen condena firme y más del 70% está por delitos contra la propiedad. Sin embargo, mientras tantos protagonistas de resonantes casos mediáticos y policías acusados por gatillo fácil esperan las sentencias en sus casas, las madres pobres sometidas a un proceso son encerradas contradiciendo todas las recomendaciones internacionales en la materia; y los niños encarcelados con sus madres están viviendo en situaciones que vulneran absolutamente todos sus derechos a la educación, a la salud, a crecer en un ambiente familiar, a la recreación…
Desde el Foro denunciamos que esta situación es absolutamente incompatible con el paradigma de Promoción y Protección de Derechos adoptado legalmente por el Estado provincial, así como con los pactos internacionales y normas constitucionales que lo sustentan. Apoyamos el pedido de las detenidas en la Unidad nº 33 y sostenemos que en todos los casos que las leyes vigentes lo permitan deben evitarse las prisiones preventivas, implementar para las mamás medidas de arrestos domiciliarios (que tan fácilmente se le conceden a los represores) y una reforma urgente de la legislación en ese sentido. Y mientras tanto, en aquellos donde exista una sentencia firme o no haya alternativas legales a la privación de la libertad, deben garantizarse las estructuras, recursos y personal acordes a la situación.
Fuentes carcelarias aseguran que éste es el quinto caso ocurrido en los últimos años ¿Cuál es límite? Si la muerte de un bebé adentro de una cárcel no sacude las estructuras políticas y judiciales, no es casi noticia, no conmueve ni obliga a delimitar responsabilidades y tomar medidas ¿Qué tiene que pasar entonces? Reclamamos una investigación urgente, y la implementación de políticas inmediatas para que los derechos de estos niños en situación de extrema vulnerabilidad y de sus madres sean respetados sin excusas ni vacilaciones.
Fuente: Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud
Provincia de Buenos Aires (Comunicado de Prensa del 20/7/07)