Por Mariana Carbajal
Laura A. tiene 24 años y desde hace casi nueve años está dando una batalla legal, junto a su familia, para conseguir recuperar a su pequeño hijo F. Lo tuvo cuando tenía 16 años, sin que sus padres supieran en ese momento que había estado embarazada. Dejó a la criatura en el Hospital Durand, donde fue el parto. Pero nunca consintió su abandono. A los cinco meses quiso recuperarlo y se presentó a la Justicia. Pero el bebé ya había sido dado en guarda a un matrimonio conformado por una directiva de un medio de comunicación nacional y su esposo. Desde entonces, Laura pide la restitución. Su reclamo lo respalda el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn), que preside Estela Carlotto. La historia es compleja y se dirime en las más altas instancias judiciales del país.
Laura era una adolescente de clase media cuando quedó embarazada en el año 2001 (su nombre completo, como el de todos los involucrados, no se publica aquí para preservar la identidad del niño). El 8 de diciembre, con 16 años, fue a internarse al Hospital Durand para dar a luz. Era sábado y feriado. Tuvo a su hijo sin la compañía de ninguna persona de su entorno. Había sido un año difícil para ella: sus padres se estaban separando, la habían sacado del colegio privado bilingüe y del club hípico del barrio porteño de Palermo por donde giraba su vida estudiantil, social y deportiva, y en el marco de esa crisis familiar, Laura no les había contado del embarazo y tampoco ellos se habían dado cuenta de que su cintura se ensanchaba y su vientre creía. Se avecinaban los cacerolazos, el estallido de la peor crisis económica de los últimos años en la Argentina.
Según consta en el expediente judicial, Laura dijo llamarse en el hospital Lorena Ramírez. Y se escapó a la noche, temerosa y sin contención, dejando a su hijo, a quien llamó F., al cuidado de las enfermeras. Pero se llevó la pulserita que se les coloca a los recién nacidos con la identificación del bebé. “A los pocos días volvió a buscarlo pero no lo encontró, me contó Laura”, relató Adriana Granica, abogada del Casacidn. La criatura había entrado en el circuito legal de la protección de persona para ser dada en adopción.
El 27 de diciembre de 2001 se dispuso el ingreso del niño en el Programa de Amas Externas y se ordenó citar a la madre, pero como Laura había dado datos falsos no fue localizada. “Ella me contó que volvió varias veces al hospital pero no pudo ubicar al bebé”, dijo Granica. El 26 de febrero de 2002 se declaró el estado de abandono de la criatura y se dispuso su entrega en guarda con miras a su futura adopción. Ese mismo día, el matrimonio D.-M. se inscribió en el registro de adoptantes del entonces Consejo Nacional del Menor y la Familia. Tres días después, le entregaron al bebé en guarda.
Desde entonces, el nene vive con sus guardadores. Este diario intentó hablar con la mujer, pero ella prefirió no hacerlo.
Cinco meses después del parto y tras haber mantenido en secreto el hecho de que había dado a luz, Laura tuvo una crisis profunda y en ese marco pudo contarles a su madre y a su padre lo que le había sucedido. Tras conocer la existencia del bebé, el 21 de mayo de 2002 sus abuelos biológicos se presentaron en la Justicia para reclamar la restitución de F. Poco menos de un mes después, según consta en el expediente, los guardadores se enteraron de que había una familia de origen que buscaba al niño. Habían pasado tres meses y diez días desde que lo habían recibido en guarda. El vínculo biológico entre Laura y su hijo quedó corroborado pronto. Los guardadores se opusieron a la restitución de la criatura. La pelea judicial continuó.
El 12 de mayo de 2004, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil le dio la razón a Laura y decretó la nulidad de la guarda otorgada con fines de adopción y ordenó la restitución del niño. Por entonces, F. tenía tres años. Al mismo tiempo, el tribunal designó a la Fundación Campos del Psicoanálisis, dedicada a asesorar familias que quieren adoptar, “para que inmediata y gradualmente, en la forma que se considere más beneficiosa para el menor, supervise la vinculación con su madre y el cambio de guarda”. Fundamentalmente, la Cámara objetó que no se había buscado y escuchado a la madre de origen para confirmar si realmente quería entregarlo en adopción.
Los guardadores apelaron. También el entonces defensor público de Menores de Cámara, Alejandro Molina, interpuso un recurso extraordinario contra el pronunciamiento. La defensora oficial ante la Corte Suprema, Stella Maris Martínez, intervino en el expediente. Antes de pronunciarse mantuvo largas entrevistas con Laura, su madre y su padre, y con el matrimonio de guardadores. Martínez dictaminó sobre el caso el 25 de agosto de 2005. Pidió que se rechazaran in limine los recursos extraordinarios: es decir, que se prosiga con la restitución del niño a su madre de origen. Sin embargo, el 13 de mayo de 2007, la Corte Suprema hizo lugar al planteo de los guardadores y de Molina, y dispuso que se dicte un nuevo fallo por el cual el niño siga bajo su tutela, con el argumento de que la madre de origen no estaba “por el momento” en condiciones de hacerse cargo de la crianza de su hijo, por la inmadurez propia de su edad. Como fundamento, el máximo tribunal tuvo en cuenta un informe de la Fundación Campos del Psicoanálisis.
El Casacidn cuestionó ante la Justicia el peritaje de la institución por considerarlo “tendencioso y abiertamente favorable a los guardadores sin razones de peso”. Además, cuestionó que no se tuviera en cuenta que, además de que Laura contaba con ayuda terapéutica, existían los abuelos maternos que solicitaban la restitución de su nieto. Finalmente, el Casacidn presentó en la Justicia un “Informe acerca del informe de la Fundación Campos del Psicoanálisis”, donde objeta su “validación metodológica” y lo descalifica para ser tenido como prueba contundente en la causa.
El caso es muy conocido en el ámbito de la Justicia por las partes implicadas. La madre biológica tiene ahora 24 años y puede ver a su hijo un par de horas por semana ante la mirada de colaboradores judiciales en el Jardín Japonés, sin que medie hasta el presente justificativo para que los encuentros se realicen sin presencia de terceros. Desde el Casacidn reclamaron en la Justicia un régimen de visitas más amplio, con todos los miembros de la familia de origen y que pueda pernoctar en la casa de ellos. Pero todavía la Justicia no se expidió sobre este punto.
El caso tiene un expediente en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Casacidn fue aceptado como querellante en 2007. La entidad decidió involucrarse en el expediente “para defender el derecho a la identidad del niño y a la convivencia con la familia de origen”, luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto la orden de restitución de la criatura a su madre. Los guardadores ya pidieron la adopción simple. El Casacidn presentó un escrito, con la firma de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en el que se opone. “Nos parece sumamente inoportuno que se acceda a esta petición”, señaló Carlotto. Entre otros argumentos, sostiene que “si los guardadores aman al niño sería de esperar que, aunque con el lógico dolor, favorezcan el reencuentro con Laura y su familia (es decir la familia de F.) y se puedan crear las condiciones para que la mente de este niño se integre y no se fracture más de lo que parece ya estarlo”, dice el escrito presentado ante la jueza Bacigalupo de Giraud, que entiende en el caso.
La historia de F. sigue abierta: sin dudas, en esta pulseada, a esta altura, todos ya perdieron
Fuente: Página 12 – Sociedad (28-03-2011)