El 20 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y Argentina puede conmemorarlo con una ley nacional de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un logro de la movilización social de numerosos actores (organizaciones, especialistas, académicos, técnicos, sindicatos).
Nuestro país saldó una deuda pendiente respecto al marco normativo para la protección de los derechos de todos los chicos y chicas argentinos, al poner en vigencia la Ley 26061 que crea un sistema de protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país, en cuya base se encuentra el conjunto de políticas públicas básicas y universales para su pleno desarrollo en todas las áreas: educación, salud, cultura, recreación, participación ciudadana, etc.; y define las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con esos derechos.
Este instrumento legal constituye un avance fundamental, pero es un primer paso de un camino que supone para el Estado asumir la obligación de hacerla efectiva y para toda la sociedad, la responsabilidad de exigir su cumplimiento.
Hoy más que nunca todos debemos incorporar de manera explícita el enfoque de derecho no sólo en nuestros discursos, sino y fundamentalmente en nuestras prácticas. Hacer exigibles los derechos implica exigirlos como obligaciones que el Estado ha adquirido al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1990 e incorporarla la Constitución Nacional en 1994.
A 17 años de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Comité expresa satisfacción por la aprobación de esta norma pero también preocupación por situaciones que siguen vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes y que demandan una protección integral y exigibilidad plena de sus derechos, ambas condiciones son indispensables para una democracia inclusiva.
• La falta de articulación de las políticas públicas que genera una superposición de servicios, una deficiente distribución de la inversión en infancia e impiden garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
• La inadecuación de muchos jueces al nuevo sistema de protección integral que siguen actuando bajo el antiguo sistema de patronato. Muchos de los jueces de menores y de familia disponen arbitrariamente de los niños y niñas considerándolos como objetos de tutela y no como sujetos de derechos ni en su condición de ciudadanos.
• La situación de pobreza, abandono y desamparo a la que son condenados diariamente niños y niñas argentinos. 5 millones de niños y niñas menores de 14 años son pobres y 2 millones de ellos viven en familias indigentes. (INDEC,segundo semestre de 2005)
• La situación de desprotección en materia de salud se prolonga desde del nacimiento, a través de toda la infancia hasta la adolescencia. Por cada mil niños nacidos, 13,3 mueren dentro del año de vida (Ministerio de Salud de la Nación, 2005)
• La violación permanente del Derecho a la Identidad de los niños: a tener un nombre, una nacionalidad, una familia. El Estado tiene la obligación de garantizar que todos los niños que viven en este país tengan acceso al D.N.I gratuito y obligatorio. Así como evitar los traslados ilícitos al extranjero y la desvinculación de sus familias biológicas.
• Los niños y niñas argentinos siguen siendo privados de libertad por ser pobres. 19.599 chicos y chicas están institucionalizados según el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con apoyo de UNICEF. Casi el 90 % de estos niños , niñas y adolescentes privados de libertad están por una causa “de asistencia” o “de protección” y no por causas penales.
La violencia institucional, que se manifiesta a través de la cantidad de niños y jóvenes detenidos en las comisarías o privados de su libertad en institutos de menores y clínicas psiquiátricas, sometidos a malos tratos y torturas, en la brutalidad de la policía hacia ellos y específicamente en el fenómeno del “gatillo fácil”. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) informó que durante 2005, más de la mitad de las 186 personas inocentes muertas por fuerzas de seguridad tenían menos de 18 años.
• El creciente número de niños y niñas víctimas de violencia doméstica, de abuso sexual y explotación sexual comercial, con pocas alternativas de acceder al apoyo y tratamiento adecuado a su condición de victimas y expuestos en los medios de comunicación sin las mínimas garantías necesarias.
• Según la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna) elaborada por el Ministerio de Trabajo en base a datos del Indec, el 6,5 por ciento de los niños de entre 5 y 13 años de la Argentina trabaja, mientras que la cifra para los adolescentes de entre 14 y 17 años se incrementa hasta el 20,1 por ciento.
• El sistema penal juvenil actual que, en la Argentina, no respeta los derechos y garantías de los imputados, ni los derechos de las víctimas y no da respuestas justas a los problemas que se requieren dirimir, criminalizando la pobreza.
En ocasión de conmemorarse el XVII Aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Comité expresa su preocupación por la situación actual de la niñez en la Argentina y reafirma, una vez más, su compromiso en la defensa y garantía de los derechos de quienes merecen un país más justo, equitativo y solidario. El efectivo cumplimiento de los principios y garantías emanados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño implica una obligación del Estado y también una responsabilidad activa de la sociedad.
20 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, A 17 AÑOS QUEDA MUCHO POR HACER
CASACIDN – 20 de Noviembre de 2006