Se trata de un debate que se repite de manera espasmódica en nuestra sociedad y que pone en evidencia que, a pesar de los avances en el progresivo reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la relación entre el mundo adulto y la niñez es aún completamente asimétrica. Los adultos identifican a niños, niñas y adolescentes como principales responsables de los hechos de inseguridad y los discursos del poder hablan de bajar la edad de imputabilidad. En la práctica esto significa aplicar a los chicos y chicas que aún no cumplieron los 18 años el régimen penal que se aplica a los adultos, una situación de por sí inconstitucional porque vulnera lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y sólo logra que los chicos entren más temprano al sistema penal exponiéndolos a situaciones de violencia policial, condiciones infrahumanas de detención, estigmatización, quiebre del vínculo familiar, imposibilidad de recrear un proyecto personal (educativo, laboral, profesional) y comunitario.
A 19 años de la aprobación de la Convención y a 18 años de su ratificación por Argentina, en nuestro país todavía se propone violar sus principios en nombre de la “seguridad” de la población. Y eso bajo la presunción de que los chicos y chicas son “peligrosos”, presunción que los coloca cerca de la formulación de políticas contra la inseguridad pero lejos de las políticas públicas básicas y universales que deben asegurar acceso y cobertura de educación, salud, cultura, recreación y participación ciudadana, políticas que están en la base de la Ley 26.061 que creó el Sistema de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, el principal avance normativo de los últimos años.
En este contexto, un nuevo aniversario de la Convención debe obligarnos a reflexionar sobre los muchos pasos que aún deben darse para que los derechos, además de declamados y reconocidos, sean ejercidos plenamente por todos los chicos y chicas argentinos. Pero además para que ese reconocimiento alcance efectivamente a todos los chicos y chicas. Esto implica una modificación sustancial en la relación entre la niñez y el mundo adulto.
Y para ello, todavía queda mucho por hacer: falta adecuar toda la política pública a los nuevos postulados, falta facilitar el acceso de todos los niños y niñas a las políticas universales, falta crear las condiciones para que los niños y niñas tengan un Defensor de sus derechos, falta llevar a cabo el proceso de desinstitucionalización de muchos niños y niñas y aún está pendiente la sanción de una ley que establezca por fin una asignación universal para todas las personas menores de 18 años como un aporte concreto a la promoción y protección de sus derechos.
Se trata, en definitiva, de superar un espacio en el que se tenía la Convención como manifiesto, para entrar en otra etapa en la que llevemos a la práctica cotidiana el ejercicio concreto de los derechos. Una tarea en la que todos los actores (poderes públicos, organizaciones, educadores, expertos, profesionales y familias) somos corresponsables.
CASACIDN – 20 de noviembre de 2008